¿Qué pasos debemos dar para la protección efectiva de las personas defensoras ambientales?
- Poner en funcionamiento la red coordinada de esfuerzos institucionales que ha pensado el Mecanismo Intersectorial para la protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
- Para lograrlo, es crucial materializar los principios de oportunidad y simplicidad de manera que las coordinaciones burocráticas entre entidades estatales como la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sean céleres y efectivas.
- Asimismo, reforzar el enfoque de interculturalidad como elemento transversal clave para intervenir en pro de los defensores ambientales a partir del conocimiento de primera mano que ellos tienen sobre su situación.
- Finalmente, es necesario que los niveles de gobierno regional y local establezcan mecanismos de coordinación institucional que ayuden a la implementación del citado mecanismo en zonas con amenaza a defensores ambientales.
Acuerdo de Escazú: primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para las y los defensores ambientales. Solo en 2020, la organización Global Witness registró 227 asesinatos en todo el mundo; 3 de cada 4 de ellos en América Latina.
Sin embargo, la región cuenta con un instrumento pionero para la protección ambiental desde un enfoque de derechos humanos: el Acuerdo de Escazú, el único en el mundo con disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras ambientales.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado que garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como el fortalecimiento de la protección de las y los defensores ambientales.
Fue negociado y firmado por 24 países de la región en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, proceso en el que el Perú tuvo un rol protagónico al ser uno de sus impulsores y entró en vigor el 22 abril de 2021, Día de la Tierra, cuando la mitad de sus firmantes iniciales lo ratificaron. El Perú, sin embargo, no fue uno de ellos: en 2020, el Congreso de la República decidió archivar su ratificación. Lo mismo sucedió con otras 11 naciones, que citaron preocupaciones sobre soberanía, inseguridad jurídica e intereses comerciales.
El Acuerdo de Escazú establece una relación entre los derechos humanos y la protección del ambiente, promueve el respeto por el derecho de los pueblo indígenas y comunidades locales y fomenta la participación de los distintos sectores de la sociedad.
