Enfrentar los delitos y acabar con el accionar de redes criminales y de corrupción es una condición necesaria para la Amazonía que soñamos. ¿Qué acciones deben coordinarse y ejecutarse desde distintos sectores para asegurar el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana?
La pandemia por la COVID-19 detuvo al mundo, pero no disminuyó los delitos ambientales en la Amazonía peruana. Una de las regiones más biodiversas y singulares del mundo continúa amenazada. Tan solo en el año 2020, y de acuerdo al Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), se alcanzó el récord histórico de 190 000 hectáreas deforestadas[1], que equivalen a un 20% más que en el año anterior. Promover el desarrollo sostenible de la Amazonía exige intervenciones multisectoriales acorde a su diversidad cultural y biológica. Pero, sobre todo, demanda acabar con las actividades ilícitas en sus bosques. Sin bosques y aguas saludables, difícilmente tendremos una sociedad y economía saludable.
El documento de política “Amazonía y política en el Perú: Apuntes para la promoción del desarrollo de la región amazónica”, elaborado por el Proyecto Prevenir de USAID, explica cómo la extracción ilegal de madera, la minería ilegal de oro y el tráfico ilícito de vida silvestre se superponen con el narcotráfico, el tráfico de tierras, el blanqueo de dinero y la trata de personas.
Todas estas actividades se cobijan en una percepción errónea de los bosques como recursos de acceso libre, gratuito e ilimitado. Se ocultan, además, en un Estado débil y desarticulado, donde subsisten complejos procesos para el acceso formal a la tierra y sus recursos, una descentralización incompleta, acceso limitado a la justicia e inconsistencia en las políticas públicas.
Los delitos ambientales se explican en este contexto y, en esa medida, requieren un enfoque preventivo, más que persecutorio. De otro modo, el desarrollo de la Amazonía será una misión imposible.
El valor de los bosques
El Perú́ es uno de los diez países con mayor superficie forestal del planeta y el segundo en Sudamérica, después de Brasil. Dada su gran extensión, los bosques peruanos constituyen una reserva importante de carbono a escala global. Los bosques generan resiliencia climática y aseguran la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales, como el agua, y de recursos para la sostenibilidad alimentaria. Sin embargo, cada año se deforestan, en promedio, alrededor de 150 000 hectáreas de bosques (MINAM, 2020). De la producción anual total de madera en el Perú, se estima que el 41% es ilegal (SBS & GIZ, 2018).
El citado informe señala que las causas directas de deforestación son la expansión agropecuaria, las actividades extractivas ilegales e informales y la ampliación de infraestructura de comunicación, energía e industrias extractivas.
En términos de superficie afectada, la principal actividad es la expansión agropecuaria, que tiene un origen básicamente familiar y que se explica en la falta de alternativas rentables.
La Amazonía que soñamos
La Amazonía suele ser vista como remota y desarticulada del resto del país. El Perú vive la paradoja constante de ser un país cuyo territorio es mayormente amazónico, con una población mayormente costeña, pero cuya imagen cultural está fuertemente vinculada al ande. Las decisiones sobre desarrollo en el Perú no suelen priorizar el aporte de la Amazonía.
La Amazonía ocupa dos terceras partes del territorio peruano y presenta la mayor diversidad de etnias y lenguas con las que cuenta nuestro país. De sus ecosistemas depende, además, la seguridad climática, la calidad de nuestro aire, agua y el futuro de las siguientes generaciones[2].
Por eso, el Proyecto Prevenir de USAID presenta cuatro recomendaciones para el desarrollo de la Amazonía, fortaleciendo la prevención y el combate de delitos ambientales desde el ámbito de la gobernanza.
- Claridad sobre los derechos y obligaciones sobre la tierra y los recursos
Prevenir los delitos ambientales pasa por implementar catastros integrales que agrupen todos los derechos forestales y mineros, y a los titulares de derechos. Hoy, los títulos y derechos sobre la tierra y los recursos de la Amazonía peruana están superpuestos, uno sobre otro, por la histórica separación de las funciones administrativas según el sector económico.¡
- Una respuesta integrada a los delitos ambientales
El Estado debe implementar medidas que articulen las políticas, las normas y los presupuestos de las entidades competentes para una efectiva prevención y sanción de los delitos ambientales. El combate criminal en el país debe atender las problemáticas ambientales endémicas de la Amazonía y no solo los delitos tradicionales o “importantes”. En paralelo, se requiere una política nacional que permita el desarrollo de mecanismos de fomento a la legalidad: agilidad de los trámites y procesos de formalización, asignación de recursos, y acompañamiento técnico y financiero.
- Prevenir y responder estratégicamente a los delitos
Para combatir el actual enfoque segmentado desde cada autoridad sectorial, se propone crear una unidad de delitos ambientales que ayude a:
- Compartir información entre los organismos gubernamentales competentes.
- Realizar análisis estratégicos sobre los fenómenos ilícitos.
- Mejorar la toma de decisiones conjuntas entre autoridades de diferentes sectores y niveles de gobierno.
- Ver a través de los muros que ocultan la ilegalidad
Es imperativo mejorar la articulación y la interoperabilidad de la información entre instituciones. También, promover la transparencia y el uso de tecnologías para mejorar la eficacia de las actividades de supervisión y control. Solo permitiendo que las acciones de los actores gubernamentales en las regiones sean de conocimiento público, se podrá avanzar en la prevención de los delitos.
Los bosques amazónicos contribuyen directamente a la vida y nos dan resiliencia climática y sanitaria. Capturan y almacenan carbono, regulan el clima y purifican el aire, distribuyen el flujo y suministro de agua, y conservan los suelos porque evitan su erosión. Además, ofrecen productos forestales maderables y no maderables (castaña, sacha inchi y camu camu, por ejemplo), son hábitat para las especies que hacen posible la polinización y el control natural de plagas y enfermedades, entre tantos otros beneficios para el planeta. Cuidarlos depende de todos.
[1] https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
[2] Se calcula que un aumento de 2 °C en la temperatura máxima y de 20% en la variabilidad de las lluvias al año 2050 podría generar una pérdida de 6% respecto al Producto Bruto Interno potencial en 2030 (Vargas, 2009).
