La tecnología permite monitorear de manera más eficiente los delitos ambientales para, así, planificar mejores acciones para detenerlos. Con ello no solo sirve como instrumento de prevención y desincentiva a los criminales, sino que puede contribuir en los procesos penales de la mano de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
“Estamos en la era de la gestión de la información. Para eso, necesitamos manejar más eficientemente los datos para compartirlos con los demás. Pasar del papel a lo digital, especialmente en el procesamiento y análisis de la información, almacenamiento, y en compartir esa información hasta llegar a la interoperabilidad”, sostiene Alejandro Solís, especialista en tecnologías de la información y comunicación del Centro de Aceleración Digital de DAI.
Para ello, la atención debe ponerse en el marco legal para crear sistemas que se adapten a los cambios, tanto de actualización de tecnología como de autoridades. Entender cuál es el ecosistema de instituciones que están trabajando conjuntamente para sacar mayor provecho de su información y poder compartirla.
Junto al equipo de Prevenir, Solís está trabajando en la cocreación y el desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre Delitos e Infracciones Ambientales (SNIDIA), que coordinará Prevenir con el Estado peruano. El objetivo último del SNIDIA es lograr la interoperabilidad entre las instituciones del Estado para lograr una actuación conjunta entre las instituciones de justicia y las agencias administrativas. Esta herramienta busca generar información estratégica y mejorar el flujo de datos para la toma de decisiones en los casos de delitos ambientales.
Por ejemplo, no hay facilidades para que un fiscal tenga acceso a información oportuna y actualizada de manera ágil. Para lograrlo, más importante que la tecnología en sí son los acuerdos y protocolos entre instituciones. Solo con liderazgo y voluntad institucional la información estará disponible para la toma de decisiones.
La integración de herramientas de gestión de datos también es fundamental. Genera trazabilidad y transparencia. Por ello, el SNIDIA debe ser escalable (es decir, poder crecer a mediano y largo plazo) y ser abierto a todos los usuarios, incluida la sociedad civil (según sea el caso, ya que hay información de proceso penal que no puede estar para todos). Usar tecnologías de código abierto para que el Estado pueda realizar las actualizaciones sin incurrir en costos excesivos.
Otro aspecto igualmente importante es la interoperabilidad. Para lograrla es fundamental el diseño con el usuario (“design thinking”). Este proceso permite ir cocreando las herramientas con los usuarios (sean personas o instituciones) para que sean verdaderamente funcionales. “Si no terminamos compartiendo la información, terminamos formando islas en un mar de ignorancia”, sentencia Solís.
Retos de la interoperabilidad
Ángel Felix, líder de Monitoreo y Cumplimiento del Proyecto Prevenir de USAID, explica que la interoperatibidad es el mecanismo que permite a las organizaciones intercambiar datos e información. Para ello, es imprescindible que tengan objetivos comunes. Desde el Estado peruano, la Oficina de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está estableciendo las pautas para lograrlo.
¿Cuál es la problemática hoy para prevenir delitos e infracciones ambientales? La débil articulación institucional, que impide responder de manera conjunta, efectiva y oportuna. Ese es el principal cuello de botella en el Estado peruano. ¿Por dónde empezar? Por definir la responsabilidad de cada institución en la generación de información ambiental según su competencia, con datos actualizados y de libre acceso.
Felix explica que el otro gran reto es conseguir que lo avanzado en una gestión no se disuelva con el cambio de autoridades. Y otra debilidad es la calidad de la información y su homogenización.
El informe «El fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital» (BID, 2018) revela que realizar un trámite en el Perú toma, en promedio, 8,6 horas, versus las 2,2 horas en Chile. Y estas demoras son entendibles si vemos que solo el 15% de los trámites se pueden empezar en línea, y solo el 4% se pueden finalizar en esa modalidad. Después de Bolivia, el Perú es el país más ineficiente de Sudamérica.
“Desde Prevenir, lo que estamos buscando es justamente cómo hacer que estos proyectos funcionen y se mantengan en el tiempo. Empezar por el producto mínimo viable y luego ir escalando la tecnología y la interoperatibidad de estas funciones para que las instituciones del Estado puedan institucionalizar la herramienta y mostrar transparencia en la información que le compete. Por ejemplo, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) necesitan información de Osinfor, de Serfor, de los Gobiernos regionales. ¿Cómo lo hacen ahora? Pues sigue el trámite regular de enviar una carta solicitando dicha información. Este proceso puede durar una semana en llegar, otra semana en ser respondida, y otra en que regrese. Así, los delitos ambientales no van a poder ser fiscalizados correctamente”, explica Felix.
Una herramienta que está mostrando ser muy útil para la prevención y reducción de delitos ambientales son las Alertas Tempranas de Pérdida de Bosque de MAAP. Esta iniciativa de Conservación Amazónica-ACCA usa tecnología satelital para monitorear la deforestación en tiempo real en cinco países de la países de la Amazonía: Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador.
La tecnología está a favor nuestro, sobre todo en esta coyuntura (covid) Veamos buenas prácticas y lecciones aprendidas, incluidas formas de transferir tecnologías. Y entendamos las particularidades de cada contexto para determinar qué se aplica y qué se quiere resolver.
Más información: Conferencia virtual: «Tecnología para la prevención de la tala ilegal y tráfico de vida silvestre en la Amazonía” (19 noviembre 2020)
