¿Por qué los delitos ambientales siguen aumentando en la Amazonía peruana sin que se sancione a los responsables? ¿Por qué se prefiere la ilegalidad en la Amazonía? Causas y propuestas a partir del caso de la tala ilegal en la Amazonía peruana.
Un delito ambiental es un acto que causa o puede causar daño al ambiente, y está prohibido por la Ley. En el Perú, los delitos ambientales están tipificados en el Código Penal.
En la Amazonía peruana, los delitos ambientales más relevantes por su impacto en la biodiversidad son la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilícito de vida silvestre. Según un informe de la ONU del año 2018, estos tres delitos son los más rentables y de menor riesgo para los transgresores. Es por ello que, el Proyecto Prevenir de USAID, abordas estas amenazas con el objetivo de asegurar una Amazonía verde, saludable y biodiversa, libre de actividades ilegales.
Si ponemos esto en cifras, a nivel mundial el comercio de productos forestales en el 2014 fue de USD 522 000 millones. Global Financial Integrity estimó en el 2017 que solo el comercio de tala ilegal podía llegar hasta USD 157 000 mil millones por año.
La ilegalidad y sus causas
Los beneficios económicos ilícitos obtenidos, y las fallas en el control y la sanción del delito por parte del Estado son las dos causas principales para explicar la ilegalidad. Esto, sumado a la corrupción en las instituciones y la baja gobernabilidad en las zonas remotas, permite que las economías ilegales prosperen y generen círculos viciosos de inseguridad, violencia, pérdida de biodiversidad, perjuicios a la salud, al patrimonio de la nación y de las personas.
De otro lado, ser formal y operar en la legalidad puede ser percibido como costoso y complejo , lo que en ocasiones empuja a los pequeños productores a actuar bajo la ilegalidad.
Un delito se convierte en un negocio atractivo y accesible cuando existen tanto incentivos para la ilegalidad como barreras para la legalidad (ONU, 2018)
El caso de la tala ilegal
La tala ilegal se facilita por tres factores: alta disponibilidad de bosques sin derechos asignados y sin vigilancia, gran número de pequeños productores madereros sin posibilidad de un acceso formal al bosque, y una alta tolerancia del mercado a la madera ilegal.
A diferencia de la minería ilegal, impulsada principalmente por el alto precio internacional del oro, la tala ilegal es rentable por la versatilidad de su demanda: los requerimientos provienen tanto del mercado interno como del internacional, y hay demanda para diferentes tipos de madera sin considerar si su procedencia es legal o no (sobre todo dentro del Perú).
En la Amazonía peruana, los costos de la ilegalidad (pago de coimas, falsificación de guías de transporte, entre otros) representan menos del 10% de los ingresos de las operaciones ilegales (Apoyo Consultoría, 2020). En contraposición, la legalidad exige altos costos de inversión inicial, que implican tener un plan general de manejo forestal, un plan operativo, contratar regentes, vigencia de concesiones, entre otros. A ello se suma la demora para formalizarse y obtener los permisos para la operación, y que las competencias forestales siguen divididas entre diversas autoridades nacionales y regionales con limitada articulación institucional entre sí y no pocas veces, atacadas por la corrupción.
Propuesta de política
Las brechas, dificultades y vacíos que existen son importantes. En ese sentido, el Proyecto Prevenir de USAID apuesta por implementar medidas y políticas graduales que permitan atender cada uno de estos desafíos. Por un lado, se requiere enfrentar los incentivos económicos de la ilegalidad y, por otro lado, derribar las barreras que dificultan la legalidad en la Amazonía peruana.
¿Qué medidas tomar?
- Para enfrentar los beneficios económicos ilícitos: incentivar las compras de origen legal y mejorar la conciencia en el mercado nacional mediante acciones educativas y de comunicación.
- Para reducir los costos y los trámites de la legalidad: simplificar y dar mayor agilidad a los trámites; brindar apoyo técnico y financiero, tanto para dichos procesos como para la mejora del rendimiento y productividad.
- Para reducir las fallas de control y sanción: mejorar la articulación e interoperabilidad entre instituciones, dotar de recursos necesarios para la supervisión y control efectivos, fortalecer el monitoreo y vigilancia a través de los actores locales, y enfrentar de manera inteligente la corrupción.
- Para el acceso de pequeños extractores a mercados: mejorar el marco normativo para el aprovechamiento de bosques locales y apoyar el posicionamiento de productos en el mercado.
Para conocer en detalle estas propuestas y su problemática, consulte el documento de política “Billetera manda: incentivos económicos de la ilegalidad y barreras para la legalidad en la Amazonía peruana».
