Como explica Hugo Che Piu, líder de Análisis y Reforma Legal de Prevenir, el 70% de peruanos vivimos en ciudades. Por lo tanto, lo que ocurre en el ámbito rural lo percibimos como lejano. Los delitos ambientales, si bien están conectados a las ciudades, ocurren fuera de ellas. Para prevenirlos y combatirlos necesitamos percibirnos todos como parte de la solución. Para eso se requieren un marco nacional de lucha contra los delitos ambientales; es decir, políticas y legislación que promuevan el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Eso pasa por reconocer que delitos ambientales como la tala ilegal, minería ilegal y tráfico de fauna ilegal no son un problema ambiental, sino económico. “Existe una razonabilidad económica que mueve a las personas a cometer estos delitos. Lo hacen por necesidad económica, no por odio a la naturaleza”, explica Che Piu.
A ello se le suma la débil sanción. Por eso, detrás de estos tres delitos suelen estar actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de personas, el sicariato y otros crímenes que buscan en los delitos ambientales una forma de seguir obteniendo ganancias pero que, si son detectados por la autoridad, reciben penas mucho menores. Esto es un fenómeno internacional.
Para combatir los delitos ambientales en el Perú se han implementado las Fiscalías Especializadas en Delitos Ambientales (FEMA), se ha creado la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, se han emitido decretos legislativos para interdicciones en minería y en tala, se ha modificado el Código Penal… pero los resultados no son los esperados. ¿Por qué? Che Piu lo explica: “Necesitamos responder de una manera integral dentro de un marco nacional de delitos ambientales que debe enfocarse en la prevención, tener un punto muy fuerte en la información, mejorar la coordinación entre las instituciones y cerrar la llave de la corrupción, que es el aceite que permite que haya tantos delitos ambientales en el Perú”.
Trabajo en equipo
Lucetty Ullilen Vega, jefa del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), destaca que la institución que dirige, junto con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y los Gobiernos regionales, necesitan trabajar conjunta y sostenidamente con una mirada más integral y de la mano con las instituciones de justicia. Además, ver cómo trabajar estas estrategias integrando a la empresa privada y a las comunidades. Es necesario generar alianzas con ellas.
Y agrega: “También es necesario un sistema de información para el seguimiento y monitoreo eficiente que facilite la interoperabilidad. Esta información debe ser oportuna para poder tomar decisiones, y debe escalar de los Gobiernos regionales al Gobierno nacional”.
¿Qué características mínimas debería tener el marco nacional de delitos ambientales? Para Flor de María Vega, coordinadora nacional de las FEMA, “apostar por un marco de política nacional sobre los delitos ambientales debe pasar por mejorar la coordinación interinstitucional y la interoperatibilidad entre Gobierno nacional, Gobiernos regionales, las agencias administrativas y los operadores a fin de trabajar juntos en pro de la naturaleza”.
Vega añade que es igualmente importante que puedan detectar las fortunas de procedencia ilegal, y fortalecer los puestos de control; es decir, combatir la corrupción.
Para la directora general de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariella Valcárcel, se requieren tres abordajes: prevención, persecución y sanción, y reparación, tanto en el impacto de los delitos ambientales como en la atención a sus víctimas. “Debemos ver el delito ambiental más allá de lo ambiental”, sentencia.
Hugo Che Piu agrega que la información oportuna es clave para aplicar dichos abordajes. “Tener información no solo de las actividades ilícitas, sino de todos los elementos que intervienen en la toma de decisiones de las personas que delinquen, y respecto de las capacidades de las autoridades para responder a estos problemas”.
Igualmente importante es la racionalización de las competencias y del marco administrativo y penal. Hacer un esfuerzo por tener derechos claros (cuáles son los derechos de los ciudadanos, el derecho de acceso a los recursos, reconocer los derechos de las comunidades y de quienes tienen los recursos), pero también tener claridad sobre las competencias de las instituciones públicas para evitar vacíos y disputas entre autoridades. Cuándo corresponde una respuesta penal y cuándo una administrativa. Para ello, los jueces deben ser capacitados en materia ambiental.
La lucha contra las actividades ilegales en el Perú es complicada porque estas se desarrollan en contextos donde los mecanismos de control y fiscalización no funcionan adecuadamente, la corrupción está institucionalizada y no hay alternativas económicas que sean suficientemente rentables para ser sostenibles en el tiempo. Por eso, luchar contra estas actividades requiere de intervenciones en varios frentes de manera coordinada.
