La Comisión de Justicia del Congreso de la República ha propuesto un predictamen para modificar el Código Penal y que el tráfico ilegal de vida silvestre no sea incorporado en la Ley de Crimen Organizado. Su aprobación debilitaría la investigación, juzgamiento y sanción de este delito.

El tráfico ilegal de vida silvestre es el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo, después del narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Usualmente se piensa que son hechos aislados, pero moviliza entre USD 7000 y USD 23 000 millones anualmente, según estimaciones de la UNEP. Eso hace necesario reforzar la investigación de este delito trasnacional.

Por ello, en el evento “Hacia la inclusión del tráfico ilegal de vida silvestre en la Ley contra el Crimen Organizado”, realizado el 15 de noviembre último, diversos especialistas del sector público y de la sociedad civil se pronunciaron con preocupación por un predictamen que debilitaría la persecución penal del tráfico ilegal de vida silvestre en el país.

Este año, los congresistas Edward Málaga y Héctor Ventura presentaron los Proyectos de Ley 196/2021-CR y 463/2021-CR para incluir los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, depredación de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de recursos genéticos, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, así como el tráfico ilegal de especies acuáticas (previstos en los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 308-D del Código Penal) en la Ley contra el Crimen Organizado.

Es decir, se brindará más herramientas de investigación a jueces y fiscales para investigar esos delitos, como el levantamiento del secreto bancario y la intervención de comunicaciones, además de incrementar las penas y sanciones.

Entre 2000 y 2018, se decomisaron un total de 79,025 animales vivos de 342 especies diferentes. Sin embargo, es solo una fracción de la real cantidad de animales que son traficados ilegalmente en el Perú.

Fuente: InSight Crime, 2020

En efecto, un estudio desarrollado por el Proyecto Prevenir de USAID sobre la normativa aplicada en el mundo, publicado en junio de este año, concluyó que la aplicación de las herramientas legales contempladas en la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 30077) a los delitos de tráfico de la vida silvestre serían efectivas para intensificar la persecución penal e incrementar las sanciones, tal como ya ha sucedido en los países dónde se han aplicado este tipo de regulaciones.

Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha presentado un predictamen de ley que, de seguir delante, debilitará la lucha contra los delitos ambientales en el país.

Este propone incluir como circunstancia agravante la comisión de los delitos de tráfico ilícito de vida silvestre bajo modalidad de crimen organizado en los alcances del artículo 309 del Código Penal. Además, plantea fusionar los artículos 308, 308-A, 308-B y 308-D en un solo artículo del Código Penal. Concretamente, fusionar los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, depredación de flora y fauna silvestre, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas y tráfico ilegal de recursos genéticos.

Esto último podría generar confusión al momento de pedir opiniones legales cuando se investigue cada hecho. Con ello, ser archivarían casos que vienen siendo investigados y se pone en riesgo la posibilidad de sancionar estas conductas ilegales en el futuro.

Beneficio al crimen organizado

“El predictamen elaborado por la Comisión de Justicia contiene algunas omisiones, las cuales merecen una revisión técnica y mejor estudio. Si esta propuesta se convierte en Ley, se podría estar beneficiando a organizaciones criminales, por cuanto al estándar de probanza se realiza a favor del procesado”, sentenció el congresista Ventura en su participación en el evento.

En esa misma línea opinó Julio Guzmán, procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente. Advirtió que incorporar los delitos de tráfico de especies de vida silvestre a la Ley Contra el Crimen Organizado es el primer escalón para combatirlos, “como actualmente se vienen investigando y sancionando a los delitos de minería y tala ilegal”.

Lissete Vásquez, adjunta de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, alertó que este predictamen no está en línea “con el deber del Congreso de velar por la conducción y las leyes que protegen a los recursos naturales y el derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado”.

Por todo lo anterior, los participantes instaron a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso a aprobar la propuesta original de los proyectos de ley 196/2021-CR y 463/2021-CR y no el cuestionado texto sustitutorio. Garantizar la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales pasa por que las autoridades de justicia cuenten con las mejores herramientas para combatir las actividades que atentan contra ellos.