Un estudio del MINJUSDH y el Proyecto Prevenir de USAID aborda el tráfico ilegal de vida silvestre desde los enfoques criminológico, ambiental, jurídico y de políticas públicas. Será un insumo fundamental para plantear una política integral contra este delito.
El tráfico ilegal de vida silvestre amenaza a más de 300 especies en el Perú, de las cuales, más de la cuarta parte están en peligro de extinción, según cifras oficiales. Pero, pese a ser uno de los principales delitos ambientales que se perpetran en el país, el conocimiento público al respecto es muy limitado. De hecho, muchas personas incluso no saben que se trata de un delito, dado que el principal destino de las especies es el uso doméstico, al ser adquiridos como mascotas, una práctica aún muy extendida.
Para visibilizar y combatir esta problemática, la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID desarrollaron el estudio “El tráfico de vida silvestre en la Amazonía: Amenazas a la flora y fauna en la selva del Perú”. Este documento nace de la necesidad de contar con un instrumento que contribuya a abordar de manera transversal e interinstitucional este delito, con una agenda común.
El informe detalla que el tráfico ilícito de vida silvestre es frecuentemente promovido por grupos criminales y está asociado a otros delitos como la corrupción, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, robo, fraude, entre otros. Asimismo, entre los incentivos para cometerlo figuran la alta demanda y el desconocimiento de la ciudadanía respecto a las consecuencias, prohibiciones y sanciones a esta actividad.
Además, el estudio identifica los factores clave para una lucha eficaz contra el tráfico ilícito de vida silvestre. Estos incluyen el fortalecimiento de las capacidades del personal de control, supervisión y fiscalización; el incremento en las acciones de fiscalización; la ampliación de recursos presupuestales, logísticos y humanos; las costumbres y prácticas culturales; y la demanda de industrias como la moda, el turismo y la industria farmacéutica.
Presentación del estudio
El estudio fue presentado el pasado 26 de noviembre en un webinar donde participaron expertos y autoridades vinculadas al combate de los delitos ambientales. Hugo Che Piu, líder de Análisis y Reforma Legal del Proyecto Prevenir de USAID, explicó que uno de los primeros problemas del tráfico ilícito de vida silvestre es que, al no ser prioridad para la política pública, es un delito poco riesgoso para quienes lo cometen. Muy pocas veces se sanciona y, cuando se hace, las penas son leves. “Pero, si bien los sancionados son pocos, las víctimas son muchas. Las primeras son los animales, extraídos de su hábitat natural y que son transportados en condiciones deplorables donde miles de ellos mueren. Y los que sobreviven no tienen una mejor suerte: están condenados a una vida en cautiverio”, sentenció el experto.
El daño al ambiente, a la diversidad biológica y a los ecosistemas pone en riesgo los servicios que las personas recibimos de la naturaleza. Uno de los riesgos es que el contacto con animales silvestres puede ser el origen de muchas enfermedades que pasan de los animales a las personas, como muestra la actual pandemia por la COVID-19.
A su turno, el viceministro de Justicia, Gilmar Andía Zúñiga, señaló que, “pese a ser un delito tan grave, extendido en nuestras zonas de flora y fauna silvestre, no tenemos una mirada hacia él, sino que está oculto detrás de otros delitos que casi todos vemos con preocupación, que son la minería o la tala ilegales”.
Agregó que hay una tarea pendiente para los operadores de justicia respecto de las sanciones a los perpetradores del delito. “Pareciera que las penas suspendidas no permiten lograr el fin preventivo del derecho penal. A esto se suma que los montos de la reparación civil no son significativos”, dijo. Señaló que el MINJUSDH busca ir más allá de lo represivo y policial, y apoyarse en la investigación y el diagnóstico criminológico de cómo, cuándo y por qué se dan estos delitos.
Jéssica Gálvez-Durand Besnard, directora de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR, comentó que uno de los mayores retos es la articulación entre las distintas autoridades nacionales y locales. Añadió que a esto se le suman las limitaciones presupuestales, la ausencia de información y la alta rotación de autoridades. En cuanto a los países de la región, dijo que, aunque no cuentan con un sistema de información establecido y de sistematización de los datos, el intercambio recíproco sí ha mejorado.
Por su parte, Julio Guzmán Mendoza, procurador público del Ministerio del Ambiente, explicó los retos a los que se enfrenta el sistema de justicia en relación con los delitos contra la vida silvestre. Uno de ellos es la falta de conocimiento científico y técnico entre los operadores de justicia, sobre las dinámicas del aprovechamiento de recursos naturales. Resaltó cómo el presente estudio contribuirá a difundir esta problemática.
Finalmente, César Ipenza, líder de Fortalecimiento Institucional del Proyecto Prevenir de USAID, afirmó que, en línea con las recomendaciones de diversos organismos y convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CDOT), es importante que el tráfico ilícito de vida silvestre sea catalogado como “delito grave”.
“En el Perú ya se han dado iniciativas en ese sentido y, actualmente, se han presentado proyectos de ley para incluir este delito ambiental en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado. Esto dotaría a jueces y fiscales de más y mejores herramientas de investigación, tales como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, facilidades para la colaboración internacional y mayores penas y sanciones, todo lo cual contribuiría a prevenir este grave delito”, señaló.
Este diagnóstico del MINJUSDH y el Proyecto Prevenir de USAID será un insumo para la toma de decisiones responsables, oportunas y basadas en evidencia. Para afrontar los delitos ambientales y contribuir a la conservación del patrimonio natural del Perú, y particularmente, de la Amazonía, en beneficio de todos los peruanos.