La tercera entrega de la serie “Amazonía y crimen”, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Proyecto Prevenir de USAID, confirma que la tala y el tráfico ilegales de productos forestales maderables están en proceso de expansión y sus mecanismos para operar son cada vez más sofisticados y complejos.

El Perú es uno de los diez países con mayor cobertura forestal en el mundo y uno de los cinco en Latinoamérica. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), en 2018 la superficie de bosques era de 68 422 585 hectáreas, cantidad que fue decreciendo respecto de los años anteriores.

Los bosques cubren alrededor del 60% del territorio nacional y proporcionan una serie de servicios ecosistémicos vitales para la humanidad, la flora y la fauna: proveen oxígeno y absorben dióxido de carbono, regulan el ciclo del agua, mejoran la calidad del suelo, previenen erosiones y regulan la temperatura del planeta. Es decir, el bienestar, la seguridad alimentaria y la salud humana también dependen de ellos.

Una de sus grandes amenazas es la tala y el tráfico ilegal de madera, un fenómeno criminal que se está expandiendo de forma acelerada y que está causando la progresiva pérdida de los bosques. Además, coexiste con otros fenómenos criminales como el lavado de activos, la falsedad documental, la trata de personas y otras formas de explotación, el crimen organizado, la corrupción, entre otros. Dada su complejidad e impactos, es necesaria una estrategia que aborde estos delitos no solo desde la represión y la sanción, sino que priorice la prevención y promueva la reparación del daño causado.

Por eso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de su Dirección General de Asuntos Criminológicos (DGAC), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Proyecto Prevenir, elaboraron el diagnóstico titulado “La tala ilegal en la Amazonía peruana”. Este es el tercer trabajo conjunto que busca conformar un marco nacional de delitos ambientales. Los dos anteriores se enfocaron en el tráfico de vida silvestre y la minería ilegal.

El estudio tiene como base cuatro enfoques, debidamente diferenciados:

• Criminológico: describe las características de la tala ilegal, sus causas, consecuencias, así como las especies maderables afectadas, el alcance geográfico y las rutas de la madera de procedencia ilegal.
• Ambiental: presenta los principales impactos negativos de la tala ilegal en el ambiente, en especial en los bosques, el agua y el suelo.
• Jurídico: expone la respuesta del Estado en los ámbitos administrativo y penal, y brinda información sobre la aplicación de las normas.
• De políticas públicas: comprende la visión de futuro del Estado peruano frente a esta problemática. Describe y analiza los instrumentos de política en la materia, los espacios de coordinación interinstitucional, las entidades gubernamentales con competencias en materia forestal y aspectos vinculados a la gobernanza institucional.

En el Perú, las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali son las principales productoras de madera de bosques tropicales y son las más afectadas por la tala y el tráfico ilegales de productos forestales maderables.

Como señala el informe, “entre los años 2004 y 2009, la ilegalidad se concentraba en las concesiones forestales; posteriormente, en los bosques locales; y, recientemente, de acuerdo con la data recabada, en las comunidades nativas que cuentan con permisos para la extracción de madera. Sin embargo, para 2017 las concesiones forestales (maderables y no maderables) y los permisos en comunidades nativas y campesinas concentraban el 62% del flujo no controlado de madera”.

El estudio fue presentado en un evento virtual en julio de 2022. En el encuentro, Hugo Che Piu, experto en tala ilegal, señaló: “Hoy en día sabemos que el 37% de la madera que se comercializa en el país proviene de la tala ilegal”.

Che Piu llamó la atención sobre que, al estar muy vinculada con otros delitos «no solo es importante actuar sobre la tala ilegal porque es uno de los inicios del problema de la deforestación, sino porque no vamos a poder responder contra ella solamente desde la perspectiva del delito de la tala ilegal». Esto es: se requiere de la articulación de todo el Estado, contar con otros instrumentos de investigación para enfrentarlo y entenderlo como delito de crimen organizado. Para ello es fundamental la interoperabilidad de los sistemas de información. “Y trabajar más en profundidad la economía detrás de estos delitos. Atacar el corazón financiero de estas actividades ilícitas permitirá obtener resultados de mayor impacto”, sentenció.

Impactos de la tala ilegal

El estudio también identificó los principales efectos de la tala y el tráfico ilegal de productos forestales maderables al ambiente, pero también a la economía y sociedad. Veamos los principales.

Impactos ambientales

• Deforestación o pérdida de bosques como consecuencia de la construcción de vías (trochas) y de la instalación de campamentos.
• Degradación del bosque, porque reduce su capacidad para producir bienes y servicios. Es decir, el bosque ya no funciona bien y podría llegar a perderse por completo y tonarse en deforestación.
• Impactos en los recursos naturales: al erosionar el suelo, la tala ilegal puede ocasionar desertificación, lo que implica la pérdida de la fertilidad de la tierra. Además, la acción de quema de bosques es uno de los factores de contaminación atmosférica y también tiene implicancias climáticas debido a la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Finalmente, ya que los bosques de la Amazonía cumplen un rol clave en la generación de agua, su pérdida puede influenciar en la escasez de recursos hídricos.

Impactos económicos

Como precisa el estudio, “la tala ilegal y el comercio ilegal de productos forestales maderables están asociados a las economías sumergidas, por tanto, generan evasión y defraudación fiscal, desvalorización de la madera en pie, depredación del capital forestal y el incumplimiento de los pagos por derecho de aprovechamiento forestal (Pautrat, 2006)”. Entre las pérdidas económicas, señala las siguientes:

• Aumento de la informalidad.
• Abandono de títulos habilitantes por la convivencia con grupos terroristas.
• Salida de dinero de la economía legal.
• Una menor recaudación para el Estado.
• Distorsión en los precios que afecta la competitividad del mercado maderero y desincentiva la inversión.
• Pérdida de valor económico del bosque por la extracción selectiva maderas con alto valor comercial.

Impactos sociales

• Invasiones de extractores informales en reservas del Estado para pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, tierras de comunidades nativas, propiedad privada y concesiones forestales.
• Enfrentamientos y amenazas a la integridad física y existencia pacífica de las poblaciones indígenas y colonas. Amenazas y atentados contra la vida e integridad de funcionarios, comuneros y pobladores locales.
• Conflictos sociales y económicos entre pequeños madereros.
• Deterioro de la calidad de vida de las personas: los usuarios del bosque pierden recursos claves para su sobrevivencia.
• Pobreza y segregación por la persistencia de sistemas de trabajo forzado y explotación. Ello incluye engañar a las comunidades para firmar contratos ilegítimos de los cuales se valen para extraer y transportar madera.

Impacto de la COVID-19

Durante la pandemia de la COVID-19, el fenómeno de la tala ilegal y el comercio asociado continuaron operando. De hecho, en 2020 el Perú perdió más de 200,000 hectáreas de bosques, la cifra más alta en las últimas dos décadas, siendo este fenómeno una de sus principales causas.
Aunque el estado de emergencia declarado por el Gobierno generó limitaciones para el transporte de la madera, la tala ilegal continuó desarrollándose “incluso con mayor libertad que antes, debido al aislamiento y a la falta de supervisión continua que predominaba antes de la pandemia. Ello porque el personal de las instituciones públicas también cumplió con el aislamiento obligatorio y porque la falta de protocolos y suministros de bioseguridad representan una exposición a la COVID-19”, precisa el informe.

Evidencia para la toma de decisiones

Las causas de la tala ilegal y el tráfico de productos forestales maderables obedecen a factores sociales estructurales y debilidades institucionales. La corrupción en el sector forestal es uno de los principales problemas y la razón por la que no se consiguen los resultados esperados.
La mejor y más eficaz legislación en materia ambiental es la administrativa, dado su carácter preventivo. La normativa penal y forestal debe permitir aplicar sanciones ante la presencia de la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos forestales.
Si bien el principal destino del tráfico ilegal de madera es Lima, este delito está presente en todas nuestras ciudades y está más cerca de lo que se cree. El conocimiento de este problema, sus causas y consecuencias permitirá que la ciudadanía exija a sus autoridades implementar medidas más efectivas para combatirlo. Este estudio no solo constituye un documento informativo, sino que es, principalmente, un insumo para la toma de decisiones responsable, oportuna y basada en evidencia.

Mira aquí en vivo la presentación del estudio.