Este episodio de Verde en Valor trata sobre cómo la tecnología para combatir delitos ambientales está permitiendo estos puedan ser monitoreados y de ese modo las autoridades competentes puedan sancionar estas actividades ilegales.
En los primeros episodios de este podcast nos dedicamos a contarles sobre las amenazas que ponen en riesgo a la Amazonía y en qué consisten los delitos ambientales que se cometen en esta zona. Pero no queremos quedarnos en los problemas sin plantear soluciones y contarles todo lo que sí se está haciendo para proteger estas áreas vulnerables, así como todo lo que se podría hacer en el futuro si asumimos el compromiso. Por ello, en este episodio vamos a contarles cómo la tecnología y sus distintas herramientas están cambiando la forma como se ataca el problema de la tala ilegal y la minería ilegal.
Puedes escuchar aquí el quinto episodio de #VerdeEnValor o continuar leyendo.
Es evidente que la tecnología ha cambiado el mundo y la manera como nos relacionamos con él. Los celulares, el internet, los sensores, la inteligencia artificial, los drones, en fin, son muchísimos los desarrollos tecnológicos que hoy impactan nuestras vidas o las van a impactar mucho más en el tiempo, para bien, y a veces también para mal. Pero lo que traen consigo, indudablemente, es la capacidad de potenciar lo que hacemos para facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos como individuos, como sociedad o como especie.
Afortunadamente, esto ha tenido también un impacto relevante en el cuidado de la Amazonía, porque esas zonas remotas y desconectadas de la selva peruana son cada vez más accesibles y pasibles de ser monitoreadas. Por un lado, existen herramientas que permiten monitorear el estado del bosque y prevenir delitos ambientales. Por ejemplo, las imágenes satelitales con gran resolución y los drones han permitido que se pueda tener información detallada y casi en tiempo real sobre zonas deforestadas, y hacer seguimiento físico para determinar por qué esas zonas se han visto afectadas. ¿Es por tala legal y responsable, con los permisos o autorizaciones pertinentes, o se trata de tala ilegal, indiscriminada, que pone en riesgo la sostenibilidad de la zona?
La tecnología no determina la legalidad de la actividad. Esta se encuentra regulada por un marco normativo para cada tipo de actividad, indicando dónde es permitida y dónde no se permite. Este es el punto más crítico de la articulación de la tecnología y su uso para el combate de delitos ambientales y aún requiere un mayor trabajo que permita a las autoridades administrativas y operadores de justicia tomar decisiones rápidas pero basadas en un análisis confiable de la información.
Por otro lado, como se observa, con iniciativas como las que impulsa el proyecto Prevenir de USAID, existen herramientas que recopilan la información que distintos actores facilitan: puede ser una imagen que captura un satélite, datos que recopila una organización privada a través de vuelos de drones, o también información que proveen comunidades nativas que vigilan sus bosques (como es el caso de Nuevo Saposoa y Patria Nueva cerca al Parque Nacional Sierra del Divisor, en Ucayali, cuyos pobladores hoy cuentan con las capacidades de monitoreo para realizar un trabajo articulado con las autoridades judiciales). Toda esta información aislada tiene un impacto limitado si no es usada de manera coordinada. En el 2008 se creó la primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para prevenir e investigar delitos, que cuenta justamente con equipos de monitoreo como drones, GPS, pero también con Unidades de Monitoreo Satelital donadas por USAID, que permiten procesar y recopilar toda esta información para crear informes que tengan consecuencia legal (son evidencia o pericia).
De hecho, desde su implementación en Ucayali y Loreto se han generado 945 informes que sirven para la investigación fiscal, con imágenes satelitales históricas que juegan un rol esencial en generar evidencia y así sustentar las denuncias. ¿Por qué? Porque estas imágenes son consideradas pericias y de esa manera se puede generar convencimiento en el juez para sentenciar cuando corresponda.
La aplicación efectiva de herramientas y tecnologías depende del entorno político institucional, es decir, en un espacio o un ambiente donde existe corrupción, no importa qué tan sólida sea la evidencia, esta puede ser desechada frente a un caso irregular.
Como vemos, la evidencia es solo una parte en el proceso de las denuncias y posibles repercusiones legales. Pero otra parte importante para asegurar que existan consecuencias específicas cuando se cometen estos delitos es que la normativa vigente sea actualizada y esté basada en el avance tecnológico y la disponibilidad de estas herramientas e insumos que tenemos. El cambio, entonces, también debe hacerse desde el Estado y sus entidades gubernamentales.
Algunos avances se han logrado desde el lado estatal y, de hecho, Osinfor, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, ha implementado 3 sistemas interesantes sobre los cuales queremos contarles hoy. El primero es el SIADO, el Sistema de Información de Archivos Digitalizados, que como su nombre señala, ha digitalizado y organizado el repositorio de documentos de Osinfor y de los Gobiernos Regionales para que los distintos usuarios puedan acceder a ellos de manera remota inmediata. Parece algo menor, pero imaginen cómo funcionaba esto antes, cuando cada reporte se trabajaba de manera independiente y si alguna de las partes necesitaba información, debía hacer un trámite para solicitarlo y buscarlo en un depósito de papeles desorganizados.
El segundo sistema que ha implementado Osinfor es el SIGO, el Sistema Gerencial de Osinfor, que contiene los resultados de los procesos de supervisión, fiscalización y capacitación, para tener un conocimiento amplio del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre por los títulos habilitantes, es decir, los permisos que da el Estado para aprovechar recursos, a nivel nacional. Esta herramienta ha permitido superar la situación de información muy básica e incompleta que se tenía y las limitaciones para ubicar y conocer el estado de los expedientes.
Finalmente está el SISFOR, el Sistema de Información Geográfica que permite brindar información de datos espaciales. El SISFOR administra información georeferenciada y sistematizada de derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre. Esto permite saber dónde sí se está cumpliendo la normativa forestal y el aprovechamiento sostenible del bosque. De hecho, hay datos de más de 5 mil supervisiones hechas entre el 2009 y el 2018. La herramienta se ha pensado como una manera de sistematizar las supervisiones realizadas a nivel nacional, para definir patrones de comportamiento sobre la cobertura forestal.
Como les comentábamos al principio, una consecuencia de estas nuevas tecnologías es que estas zonas remotas son ahora más fáciles de monitorear.
Además, la identificación correcta del delito, y agilidad en el proceso sancionador, son elementos claves para reducir los delitos ambientales. La velocidad de la respuesta de las organizaciones hará para que aquellos infractores, y aquellas personas que estén pensando, o que sean parte de esta industria ilegal, lo piensen dos veces porque la tecnología los tiene mapeados y ahora lo que hace falta es lograr que este mapeo se convierta en acciones específicas. No dejemos de lado tampoco la respuesta ciudadana, que en este caso se tiene que ver facilitada por los diferentes canales de comunicación e información que hay: redes sociales, canales oficiales, correos electrónicos, mensajería; hoy día estamos llenos de este tipo de canales, pero tenemos que saberlos utilizar de manera más correcta.
En los últimos años la tecnología ha cambiado drásticamente la información que tenemos a la mano para poder monitorear el bosque. Pero todas las herramientas de las que les hemos hablado hoy son solamente eso: herramientas. Detrás de ellas tiene que haber personas preparadas para utilizarlas, un sistema judicial que funcione, normativas que se adapten a sus capacidades y un ordenamiento del uso territorial que permite cada zona.
Es inaudito que un proceso de denuncia tenga más de 30 días sin ninguna acción por falta de información o falta de datos disponibles. Entonces hace falta cerrar esas brechas de tiempo, hace falta ese sentido de la urgencia, y que la tecnología está ahí para facilitarlos. Finalmente, hace falta estar al día. Creo fielmente que la capacidad de las personas, en general de los seres humanos, es altísima para adaptarse a las condiciones y tecnologías disponibles. Hay que tener una agenda de mejora continua de capacidades digitales. Nadie se tiene que quedar atrás, esta es una oportunidad para todos, y a nivel de las organizaciones y oficinas de Gobierno, es la puerta para la transformación del sistema a un sistema mucho más ágil, un sistema mucho más a la vanguardia en el uso de tecnologías para apoyar estos procesos de denuncia, estos procesos de vigilancia, de monitoreo alrededor de los delitos ambientales.
Como siempre, muchas gracias por escuchar. Acompáñanos en los siguientes episodios de Verde en Valor para seguir explorando la Amazonía desde un lugar más respetuoso y consciente.
Este podcast es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los EE. UU.
