Cada año, miles de animales y sus productos derivados se comercializan en los mercados peruanos y extranjeros para diversos fines, principalmente ser mascotas o para el consumo humano. Aunque estas actividades ilegales generan un altísimo impacto en la naturaleza y en la salud pública, permanecen invisibles para la sociedad.
El tráfico ilegal de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo, solo después de la comercialización de drogas, la falsificación de dinero y la trata de personas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Interpol. Las mismas fuentes refieren, además, que esta actividad mueve 20,000 millones de dólares en todo el mundo cada año.
A diferencia de otros delitos, la opinión pública desconoce la magnitud de esta problemática, que es percibida como un delito menor y, por eso, no existe la urgencia de combatirla. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el período 1999-2018 se incautaron casi 6,000 traficadas que incluyeron a mamíferos, reptiles, aves, peces, corales, entre otros, lo que involucró a presuntos traficantes de 150 nacionalidades distintas. La pérdida de biodiversidad es una de las grandes crisis del presente siglo y sus consecuencias son aún incalculables en términos económicos, sociales y de salud pública.
El tráfico ilegal de vida silvestre es un serio peligro para la salud pública a nivel global. La muestra más reciente es la pandemia de la COVID-19, virus que se presume nació́ en los mercados chinos de Wuhan, donde se comercializan diversas especies de fauna silvestre.
Cifras en el Perú
Entre los años 2000 y 2016, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) confiscó 66,937 especes (entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios) de 342 especies distintas. De ellas, 159 fueron especies amenazadas y 21 se encuentran en alguna categoría de amenaza.
El tráfico de fauna tiene fines diversos. Entre ellos están los coleccionistas y zoológicos extranjeros, la biomedicina, los mercados de mascotas nacionales y extranjeros, la industria del cuero y pieles, y otros fines como trofeos, medicina tradicional o amuletos. Así lo señala la “Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre 2017-2027”, aprobada por Decreto Supremo y cuya supervisión y monitoreo está a cargo del SERFOR.
Las regiones de Ucayali, Madre de Dios y, en mayor medida, Loreto, concentran el tráfico de vida silvestre en el país. Ciudades como Iquitos y Pucallpa sirven de puntos de acopio hacia otras ciudades “de tránsito”, como por ejemplo, Tarapoto, Moyobamba, Chiclayo y Trujillo. Finalmente, las especies llegan a las “ciudades de destino” como Lima, donde se comercializan en mercados de abasto o son enviadas al interior o exterior del país.
Es precisamente en los mercados de abasto de Lima donde se realiza la mayor comercialización de animales silvestres vivos o de sus productos derivados, principalmente en el Cercado, San Juan de Miraflores y Puente Piedra, según SERFOR. Mientras que las regiones que registran la mayor cantidad de intervenciones o decomisos son La Libertad, Lima, Loreto, Lambayeque y Ucayali.
Red de ilegalidades
Las tres fases de la cadena del tráfico ilegal de vida silvestre son: 1) la caza o captura, 2) el acopio y transporte, y 3) la comercialización. Toda esta cadena depende, en gran medida, de redes organizadas —muchas de ellas transnacionales— que suelen estar ligadas a delitos como corrupción (sobornos), desinformación, lavado de dinero, violencia, fraude y trata de personas. Sus efectos amenazan a toda la sociedad.
Lamentablemente, la ilegalidad en el Perú aún es muy rentable y poco combatida. Según un reciente estudio de Apoyo Consultoría, el acopio y transporte ilegal de vida silvestre en Loreto puede tener una utilidad de hasta el 65% de los ingresos generados por el delito, donde la mayor ganancia se la llevan los acopiadores y comerciantes ilegales, lo cual genera, a su vez, un pequeño ingreso para los comuneros que realizan la caceria o captura. No obstante, a pesar de que estos comuneros reciben algún beneficio monetario, también son los primeros en sufrir las consecuencias de la pérdida de biodiversidad y el aumento de enfermedades.
Crimen organizado
En agosto de 2020 se presentó́ el Proyecto de Ley 6051/2020-CR que plantea incorporar cuatro delitos ambientales a la categoría de crimen organizado: tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, y depredación de flora y fauna silvestre. Sin ir muy lejos, la minería ilegal es un claro ejemplo de cómo fue incorporada como una categoría de crimen organizado, lo cual ha permitido nuevas maneras de enfrentarla y combatirla.
La aprobación de esta reforma sería, sin duda, un importante paso en la lucha contra este delito ambiental; porque: Los operadores de justicia estarían en la capacidad de aplicar el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, interceptar de manera legal las comunicaciones, inhabilitar a funcionarios públicos implicados en las organizaciones criminales que los cometen, incrementar las penas y multas, entre otros.
Sin embargo, para resolver la problemática del tráfico ilegal de vida silvestre no basta solo con las soluciones legales. Es necesario además realizar un trabajo coordinado entre diversos actores políticos, sociales y medios de comunicación.
Recomendaciones
Desde el Proyecto Prevenir de USAID enfatizamos la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre considerando la grave amenaza que esta actividad representa para la biodiversidad y la salud pública. Por ello, recomendamos:
- Informar adecuadamente sobre la gravedad del delito de tráfico ilegal de vida silvestre.
Los medios de comunicación pueden contribuir a visibilizar los impactos de este delito e investigarlo para que las autoridades cumplan con su trabajo. Comunicar de forma fácil, con datos concretos y visuales que despierten el interés y la empatía del público.
- Considerar el delito de tráfico ilegal de vida silvestre como crimen organizado.
Enfrentar a las organizaciones criminales que se dedican a la exportación de fauna silvestre obtenida ilícitamente demanda herramientas especializadas. Reconocer esta actividad como delito de crimen organizado dotará de mayores armas legales a la policía, jueces y fiscales para fortalecer su persecución.
- Involucrar más a la sociedad civil, incluyendo al sector privado, en la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre.
Fortalecer las acciones de vigilancia para la protección de los recursos naturales, las cuales ya están encaminadas gracias a la acción de la sociedad civil. Asimismo, junto con el sector privado, propiciar la valoración social y económica de la vida silvestre, en aras de promover actividades para su conservación.
- Eliminar las barreras de acceso a la legalidad y las fallas institucionales en el control y sanción del tráfico ilegal de vida silvestre.
Estas barreras y fallas incentivan la ilegalidad. Se requiere facilitar el acceso a la formalización, por ejemplo, , es necesario corregir los requisitos innecesarios para obtener autorizaciones y licencias, pero también es preciso mejorar los mecanismos de vigilancia comunitaria y de fiscalización de las autoridades. Así también, se deben mejorar los sistemas de vigilancia y control.
Para saber más sobre el tráfico ilegal de vida silvestre en el Perú y cómo combatirlo, revisa nuestro documento de política “Tráfico ilícito de especies: crimen organizado contra la vida silvestre”.
