En el episodio de hoy de Verde en Valor vamos a hablar sobre lo importante que resulta la buena gobernanza para hacerle frente a los delitos ambientales.
Hola a todos y bienvenidos al penúltimo episodio de Verde en Valor. A lo largo de este viaje hemos querido darles un panorama completo de la problemática y oportunidades en la Amazonía. En los primeros episodios les contamos acerca de los principales delitos ambientales que ponen en riesgo a nuestra selva, como el tráfico ilícito de especies silvestres, la tala ilegal y la minería ilegal. Y en los últimos episodios hemos explorado algunas soluciones que nos hacen pensar que sí hay esperanza, que las cosas pueden ser distintas. En ese sentido, hoy vamos a conversar sobre la importancia que tiene la buena gobernanza en la lucha contra los delitos ambientales. Por buena gobernanza me refiero a un proceso eficiente y transparente de gestión, coordinación y toma de decisiones desde el Estado que contribuya de manera efectiva al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Puedes escuchar aquí el séptimo episodio de #VerdeEnValor o continuar leyendo.
En 2020 el proyecto Prevenir de USAID hizo un estudio de análisis político y económico sobre la realidad de los delitos ambientales y el contexto de la Amazonía. Para este estudio se realizaron cerca de 100 entrevistas a personas del sector privado, de la sociedad civil, y del sector público, tanto en el ámbito local como en el nacional. Y una de las cosas que quedaron evidenciadas en este estudio es que el proceso de descentralización es un factor decisivo en la capacidad del Estado y de los gobiernos regionales para combatir y prevenir los delitos ambientales.
Como se acordarán, el proceso de descentralización empezó en el gobierno de Alejandro Toledo en el año 2002 y hasta el día de hoy, casi 20 años después, presenta complejos desafíos por resolver. De acuerdo con este estudio, los funcionarios del gobierno central perciben debilidad sistémica en sus pares regionales, mientras que estos reclaman al gobierno central mayor confianza y recursos para controlar los crímenes ambientales. Hugo Che Piu, Líder de Análisis y Reforma Legal del Proyecto Prevenir, nos explica la complejidad del problema:
La descentralización es aún uno de los retos más grandes que tenemos que superar respecto a la gestión de los recursos naturales en el Perú. Consideramos que la solución no pasa por dar marcha atrás a la descentralización, la solución pasa por fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y la posibilidad de que los actores locales puedan tener una mayor participación en la gestión de sus recursos. De hecho, ya hay algunos avances muy significativos, por ejemplo, en el tema forestal, varias regiones, particularmente Loreto, Ucayali, Madre de Dios, ya están actualizando sus documentos de gestión, es decir, aquellas normas que les permiten un marco de gestión para el ejercicio de sus funciones y competencias están siendo actualizadas para que puedan ellos trabajar de una manera más enfocada en una modernización de la gestión pública, es decir, enfocada en los ciudadanos. Asimismo, en las regiones ya se han establecido, y otra vez, uso el ejemplo del sector forestal, se han establecido planes de capacitación de su personal, es decir, ya cuentan con una hoja de ruta sobre los temas, componentes y capacidades que necesitan fortalecer. Es decir, ya las regiones están dando algunos pasos hacia cambiar esta situación de debilidad que tanto se les achaca. Y por supuesto, buena parte lo hacen con el apoyo del gobierno nacional.
El problema que afrontan las regiones es complejo, pero Hugo nos cuenta que existe la oportunidad de que las regiones fortalezcan sus capacidades institucionales, identificando qué reformas institucionales se requieren, qué mecanismos o protocolos se deben cambiar para tener un control de los delitos de manera más coordinada con la policía, el ministerio público y demás autoridades involucradas. La urgencia no es poca porque en este proceso inconcluso de descentralización hay claros beneficiados, como, por ejemplo, las mafias que actúan al margen de la ley dañando los bosques mientras los gobiernos locales no logran un efectivo trabajo de fiscalización. Meike Willems, Directora Regional en Ucayali del proyecto Prevenir de USAID, conoce bien el problema, y ofrece algunas ideas para ayudar a articular el trabajo entre autoridades nacionales y locales.
Comprendemos que la lejanía y dificultad de acceso a ciertas zonas de la Amazonía claramente son desafíos para la supervisión oportuna del uso de recursos. Sin embargo, la tecnología y el internet permiten plantear soluciones viables. Por ejemplo, la autoridad que fiscaliza el aprovechamiento de los recursos del bosque, en este caso, Osinfor, pronto va a poder supervisar las actividades de manejo forestal de manera remota, articulando y procesando información de otras agencias del Estado, gracias a una aplicación ejecutable en computadoras o celulares. Esta herramienta es un ejemplo de innovación y colaboración, no solo con la cooperación internacional a través del proyecto Prevenir de USAID, sino entre Osinfor y otros actores de gobierno, así como con los propios usuarios del bosque, que vienen participando en su diseño. Aquí es importante destacar la participación de los usuarios, son justamente ellos los que conocen bien los problemas y pueden aportar en las soluciones. Existen varias experiencias exitosas, donde las comunidades indígenas y los custodios monitorean los bosques usando tecnología. Ellos usan celulares, drones, GPSs, para reportar y denunciar las actividades ilícitas en sus áreas de protección. El gran aporte de Osinfor es que estos reportes van a llegar de manera simultánea a las distintas instituciones para que estas actúen de manera coordinada. Esto genera confianza para trabajar juntos porque no solo se buscará sancionar al os infractores, sino que se buscará ayudar a los que protegen el bosque.
Sin duda, la articulación y la transparencia se necesitan en diversos frentes, como, por ejemplo, para prevenir la corrupción dentro de los distintos niveles de autoridades o para agilizar y simplificar trámites. Es un reto pendiente, a pesar de que ya se han dado importantes pasos institucionales hacia una mayor transparencia con el ciudadano. Hugo comenta cómo algunas coordinaciones entre usuario y Estado podrían ayudar a mejorar el clima de confianza en el aprovechamiento legal de los recursos de la selva:
Quizás el reto hacia una mejora de la transparencia de los recursos forestales está en cambiar la situación actual en la que uno informa de las actividades luego que las ha realizado y que la autoridad supervisa las actividades después de que han sido realizadas, es decir, vamos a ver luego que la actividad ya se realizó. Podemos pensar en pasar a un reporte durante la actividad, en tiempo real o casi real, y a un acompañamiento de esas actividades por parte de las autoridades, es decir, que la autoridad no aparezca al final solo solo para ver si se hicieron bien o se hicieron mal las cosas, sino que recibiendo esa información del avance de actividades, durante las actividades, la autoridad pueda cumplir un rol de acompañamiento, de asesoramiento y así nos aseguramos que cumplan las normas, que se hagan bien las cosas y no llegamos al final solamente para verificar el cumplimiento de alguna infracción o algún delito. Este paso a una transparencia durante la realización de las actividades puede significar un cambio sustancial, en generar un nivel de confianza en el sector y en un nivel de confianza de las autoridades, que puede cambiar sustancialmente la mirada que tenemos sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Y lo bueno es que ya contamos con suficiente tecnología para hacer eso.
La transparencia es trascendental para combatir el problema de la corrupción. Se trata de un tema que impide la colaboración entre autoridades y la población. Meike nos comenta los avances que se vienen dando en este frente:
Uno de los problemas centrales de la corrupción está relacionado al hermetismo y la centralización de la información en ciertas personas o instituciones. // La mejor manera de transparentar esta información es que esta sea accesible para quien la solicite. El gobierno nacional aprovechando el contexto y la necesidad surgida por la Covid19, se ha comprometido a desarrollar el gobierno digital. Sin embargo, este proceso está siendo lento, otra vez por falta de presupuesto y de capacidades, pero también porque significa muchos cambios estructurales a nivel de todas las instituciones. Sin embargo, nosotros consideramos que es esencial implementar este gobierno digital y articulado porque sería un paso muy importante para lograr la transparencia. ¿Se imaginan? Las cosas se resolverían mucho más rápido. Bastaría con contrastar la información subida a la web. Por ejemplo, al día de hoy, los puestos de control de la Serfor en las carreteras tienen que llamar por teléfono para averiguar si las guías de transporte de madera corresponden a las empresas señaladas en las mismas. Si toda la información estuviera en la web simplemente bastaría con contrarrestar si esta guía existe o no. Es decir, todo se simplificaría.
En los últimos años se han tomado pasos importantes para asegurar la transparencia, como la digitalización de documentos que, por ejemplo, ha permitido a SERFOR implementar un portal de datos abiertos, a disponibilidad de todos los ciudadanos. Además, desde 2021 se puede destinar presupuesto público específicamente para el control y vigilancia de los bosques, cuyos resultados son medidos cada año, para así evaluar qué tan efectivos somos protegiendo los bosques de la tala ilegal.
Desde Comité de Lectura, creemos que acercarnos a un gobierno digital no es solo un llamado a la transparencia para evitar casos de corrupción, sino que a su vez da acceso a información y a servicios del Estado a ciudadanos, sin importar qué tan remota sea su ubicación. Por otro lado, es importante que las autoridades cuenten con los presupuestos necesarios para responder al ejercicio de estos derechos ciudadanos. Por ejemplo, al hacer uso de las nuevas tecnologías y de la información de la que hora disponen, aumentarán las denuncias de casos de tala ilegal. Pero sin los recursos económicos para realizar operativos oportunos con autoridades forestales, policías y fiscales, o para decomisar y poner a buen recaudo la madera recuperada, la desconfianza seguirá afectando la gobernanza forestal. Estas son tareas pendientes para hacer del Perú un país un poquito más equitativo y efectivo en la respuesta a sus ciudadanos.
Como siempre, muchas gracias por escuchar. Verde en Valor va llegando a su fin, esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente episodio, que además es el último, para seguir explorando la Amazonía desde un lugar más respetuoso y consciente.
Este podcast es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los EE. UU.
