América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el derecho humano a vivir en un ambiente sano y sostenible. Es así, que en 2020, siete estados latinoamericanos (entre ellos, el Perú) figuraron entre los 10 países con mayor cantidad de ataques a personas defensoras ambientales según la organización Global Witness.

Entre 2020 y 2021 el Perú registró 12 asesinatos vinculados a la defensa de los derechos ambientales, la mayoría en la Amazonía dónde los delitos como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico ilícito de vida silvestre persistieron incluso en el contexto de la pandemia por la COVID-19, en conexión con otros crímenes organizados como el narcotráfico y la trata de personas.

Las y los defensores ambientales están expuestos a diversas formas de violencia como amenazas, detenciones ilegales y agresiones. Además, las mujeres en particular se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual, existiendo un subregistro ante la dificultad de reportar los casos.

Frente a este escenario, en el Perú se han adoptado medidas para resguardar su integridad y su rol crucial en la conservación del patrimonio natural. Entre ellas están herramientas como el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos del MINJUSDH y el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, entre otros.

Sin embargo, aún hay una agenda pendiente para lograr una defensa realmente efectiva, como la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como el fortalecimiento de la protección de las y los defensores ambientales en Latinoamérica y El Caribe.

En la siguiente infografía, el Proyecto Prevenir de USAID presenta la realidad actual de las personas defensoras ambientales en el Perú.

(Foto: Leslie Searles)