En el Perú, las defensoras y los defensores ambientales cumplen un rol fundamental en la protección del territorio y el ambiente. Esto, sin embargo, implica un riesgo latente para sus vidas y su seguridad, más aún en el caso de las mujeres. ¿Quiénes son estas líderes locales y como vienen trabajando en la Amazonía peruana? Conoce más en esta nota.

La Amazonía peruana cubre más de la mitad del territorio nacional, es una de las regiones más biodiversas del planeta. Es hogar de 3.5 millones de personas y alberga a más de 50 pueblos originarios. No obstante, esta vasta área y sus beneficios para el planeta están en constante riesgo por actividades humanas, entre ellas delitos ambientales como la tala y la minería ilegales. Ante esto, personas y colectivos se vienen organizando para defender sus territorios y el derecho a tener un ambiente sano y sostenible.

Como explica Eliana Rojas Torres, experta en temas de género y gobernanza con comunidades indígenas y locales, dentro de los defensores de derechos humanos están los defensores ambientales.

“Para las personas de los pueblos indígenas, el territorio es su base. Su relacionamiento con el mundo se da a través del territorio que habitan ancestralmente. Entonces, con esa mirada es que se expande el término, porque estas personas que son defensoras del territorio están defendiéndolo por varios motivos: seguridad alimentaria, salvaguardar su salud, su cultura, sus espacios espirituales y toda una serie de otros conceptos que están asociados al territorio”, explica Eliana.

Cuando hablamos de ellas

¿Qué características específicas tienen las mujeres defensoras ambientales? Entre las defensoras indígenas no existe un perfil único. Pertenecen a diversos pueblos, tienen distintas edades, hablan diferentes lenguas y viven en contextos diversos, aunque muchas tienen en común haber experimentado discriminación y violencia por proteger y promover el derecho humano al ambiente sano. Generalmente son mujeres que comienzan a ejercer la defensa del ambiente y del territorio en sus entornos inmediatos. Algunas tienen cierta trayectoria como dirigentes de programas u organizaciones sociales (Programa del Vaso de Leche, desayunos escolares, comedores populares, clubes de madres, entre otros), en las directivas comunales o en organizaciones indígenas a nivel local, regional y nacional.

“Para las personas de los pueblos indígenas, el territorio es su base. Su relacionamiento con el mundo se da a través del territorio que habitan ancestralmente. Entonces, con esa mirada es que se expande el término, porque estas personas que son defensoras del territorio están defendiéndolo por varios motivos: seguridad alimentaria, salvaguardar su salud, su cultura, sus espacios espirituales y toda una serie de otros conceptos que están asociados al territorio”, explica Eliana.

“También tienes a las lideresas políticas, las representantes, las presidentas, las dirigentes, que ya tienen un poder a nivel comunitario, pero también a aquellas que están un poquito más arriba representando a sus federaciones o a sus organizaciones indígenas. Y también son defensoras las esposas, las hijas que están acompañando la lucha de sus familiares”, precisa Eliana.

A menor acceso, mayores impactos

En ámbitos amazónicos las mujeres se enfrentan a una serie de desigualdades porque tienen menor acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la propiedad de la tierra y a los recursos naturales en general. Esto limita sus oportunidades para participar en la economía local y tomar decisiones informadas sobre su uso. Como nos cuenta Eliana, en la mujer indígena, amazónica y rural confluyen una serie de identidades que hacen que la desigualdad sea mucho más pronunciada que en las demás mujeres.

Tradicionalmente, las decisiones en las comunidades se tomaban de manera colectiva. Sin embargo, la expansión de actividades como la minería ilegal, eminentemente masculina, han debilitado el papel de las mujeres en la toma de decisiones. No logran tener una participación efectiva en asambleas u otros espacios y pueden ser víctimas de violencia y acoso político.

Actividades como la minería y la tala ilegales generan tensiones dentro de la comunidad e incluso dentro de las mismas familias, cuando los hombres buscan generar ingresos involucrándose en estas actividades mientras esperan que la mujer se haga cargo del hogar y de la agricultura. Es decir, la ilegalidad está impactando en una situación ya de por sí desigual y aumentando la violencia física, sexual y psicológica hacia las mujeres. Esto mientras, producto de la minería ilegal, crece la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual.

Principales amenazas contra las defensoras

La principal modalidad de ataque o amedrentamiento contra estas defensoras, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es la criminalización. Sin embargo, esta categoría todavía no está contemplada dentro de los tipos de agresiones a las personas defensoras, por lo que no hay medidas de protección o reparación efectivas, de acuerdo a un informe de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Otras modalidades de ataques son el asesinato, el acoso, el hostigamiento y la violencia física no solo contra las defensoras, sino también contra sus familias y las comunidades.

Las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia por su condición de mujer, que van desde los insultos hasta los abusos sexuales y la violación. Además, sufren exclusión y rechazo de parte de ciertos colegas cuando ellas cuestionan el statu quo.

¿Cómo pueden protegerse?

En el 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos humanos creó el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”. Entre sus objetivos están generar sinergias interinstitucionales para su protección oportuna y efectiva, y elaborar un registro sobre las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

“Nosotras las mujeres estamos siempre pendientes del bosque, siempre preocupadas por la depredación de nuestros recursos, nuestros animales, nuestros peces, nuestros árboles… Que no se acaben para que nuestros hijos en el futuro puedan sobrevivir y gozar todavía de la naturaleza”.

 

Betty Rubio, monitora indígena y representante de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela, en Loreto.

También está el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril del 2021, aunque no en el Perú, donde está pendiente su ratificación por parte del Congreso de la República. Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Sin embargo, en la práctica tenemos casos como el de las viudas de Saweto. Ellas llevan buscando justicia y recibiendo amenazas desde que el 1 de septiembre del 2014, los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados por madereros ilegales. En agosto del 2023, el Poder Judicial anuló la sentencia de 28 años de cárcel que unos meses atrás habían recibido los acusados del crimen.

“Esta lucha no es fácil. Yo, como mujer, he dicho bien claro que he venido sufriendo para buscar que me escuchen, que me hagan caso, que no me ignoren” dijo a inicios de año Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, uno de los cuatro líderes asesinados.

¿Qué hacer?

Algo que están haciendo muchas comunidades en toda la cuenca amazónica —no solo en el Perú— es crear comités de vigilancia o guardias indígenas, y muchas veces los integran mujeres. Eliana lo explica:

“Lo que está pasando ahorita, que la presión es mucho más fuerte porque se enfrentan a mafias y a niveles de violencia estructurales, es que estos grupos se están dotando de tecnología y de alianzas para poder hacer frente a estas realidades. Esto está llevando a que en algunos lugares haya participación de mujeres, quienes tienen un fuerte liderazgo principalmente en las federaciones regionales”. 

La experta agrega que es fundamental articular la agenda pública con la agenda de sociedad civil, algo en lo que viene contribuyendo el Proyecto Prevenir de USAID. Este brinda soporte a organizaciones locales y ha impulsado la creación de mesas regionales en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, a la par que brinda asistencia legal y humanitaria, principalmente a mujeres líderes.

“Esa mirada de colaboración es lo que hace falta trabajar muchísimo más entre la propia sociedad civil, el sector privado, la academia. Porque dentro de la propia sociedad civil tienes muchas iniciativas muy ricas, con cooperación internacional, pero que de varias maneras están todavía desconectadas. Hace falta poder generar más espacios de diálogo”, concluye Eliana.