Un completo estudio sobre la minería ilegal en la Amazonía elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Proyecto Prevenir de USAID propone alternativas de acción enfocadas no solo en la represión y sanción del delito, sino que priorizan la prevención y promueven la remediación ambiental y la reparación del daño causado. En este post compartimos sus principales conclusiones y recomendaciones.

Para comprender la complejidad de la minería ilegal en la Amazonía, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Dirección General de Asuntos Criminológicos, y USAID, a través del Proyecto Prevenir, elaboraron el estudio “La minería ilegal en la Amazonía peruana”. La investigación abarca la caracterización del problema, sus impactos y la respuesta del Estado desde los siguientes aspectos:

• Contexto: aborda el origen y desarrollo de la minería ilegal, la diferencia entre minería ilegal e informal, sus puntos de encuentro y zonas grises; el contexto peruano, sus áreas de influencia, los factores que la provocan.
• Impacto ambiental: trata de identificar los principales daños que la actividad minera informal/ilegal ocasiona en el suelo, agua, aire, flora, fauna. Propone estrategias de mitigación y remediación ambiental.
• Alcance jurídico: explica las dos caras de la estrategia legal: por un lado la formalización y sus complejidades; y por otro lado la persecución a infractores y en especial la caracterización del delito de minería ilegal (tipo de penas, los problemas de aplicación de la ley penal, su desarrollo jurisprudencial y su conexión con otros delitos).
• Políticas públicas: busca entender la visión del Estado peruano frente al tema a partir de los numerosos instrumentos de política, planes y estrategias aplicados; las entidades gubernamentales competentes para abordar el problema y los principales espacios de coordinación interinstitucional a nivel nacional y subnacional. Señala buenas prácticas institucionales derivadas de estas políticas.

Ilegales e informales

El Perú es uno de los principales productores de minerales metálicos y no metálicos del mundo, principalmente de cobre, plata y oro. La industria minera representa hasta un 9% de su PBI y el creciente aumento del valor de mercado de los minerales es justamente uno de los factores que han determinado la expansión de la minería del oro, incluyendo aquella ilegal e informal.

Si bien el ordenamiento jurídico peruano distingue entre minería ilegal y minería informal, la evidencia demuestra que ambos fenómenos coexisten desde hace muchos años en regiones como Madre de Dios (La Pampa) y Puno (La Rinconada), y que se han ido expandiendo a otras zonas del país, en especial hacia la selva peruana. La minería ilegal está usualmente asociada a economías ilegales y su desarrollo está ligado a delitos como trata de personas, narcotráfico, lavado de activos, corrupción, sicariato y homicidio.

La minería de oro se desarrolla tanto en lo que se conoce como minería de socavón o filoniana, donde se extrae el mineral de las profundidades; como la minería aluvial, que se realiza en la superficie de ríos y suelos amazónicos. El uso de mercurio para concentrar el oro y de maquinaria prohibida para remover los fondos de los ríos y suelos impacta en el agua, suelo, aire, bosques, flora y fauna silvestre, así como en la salud de las personas y de los peces de consumo humano. El MINAM estima que en los últimos 20 años se arrojó a los ríos más de 3000 toneladas de mercurio. Y que, en ese mismo periodo, las operaciones auríferas en Madre de Dios deforestaron aproximadamente 30,000 hectáreas de bosque tropical.

88,000 mineros informales se han inscrito en el proceso de formalización desde el 2002. Hasta octubre del 2020, solo se habían formalizado 1562.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

La respuesta del Estado: análisis desde el enfoque jurídico y de las políticas públicas

Básicamente, la estrategia del Estado peruano ha sido, por un lado, impulsar la legalidad de los informales promoviendo operaciones mineras bajo instrumentos de gestión ambiental y social y, por otro lado, perseguir y frenar a los ilegales, en el entendido que producen daños ambientales y socioeconómicos considerables.

Así, desde el 2002, el Estado viene desplegando esfuerzos para formalizar la minería en el país, incluyendo a los mineros informales de oro en la Amazonía. Sin embargo, de más de 88,000 inscritos en el proceso de formalización, según el Ministerio de Energía y Minas, hasta el 12 de octubre del 2020 solo 1562 fueron formalizados.

Estos resultados se explican, en gran medida, porque existen numerosas normas que regulan lo mismo e, incluso, plantean soluciones distintas para los mismos supuestos. Además, hay condiciones “habilitantes” para la formalización que son de difícil cumplimiento, como resolver la superposición de títulos en un mismo espacio.

Por otro lado, se ha fortalecido una legislación de defensa que persigue a la minería ilegal. Ahora es un delito que puede ser considerado dentro del  crimen organizado. Aunque se han generado diversos instrumentos de política pública y de gestión, son iniciativas que no están articuladas entre sí ni abordan el fenómeno de manera integral.

El estudio confirma que, si bien el marco legal define las competencias y aborda el desarrollo institucional necesario, en la práctica el problema está en la ausencia de voluntad política y capacidades para implementarlos. A ello se suman la corrupción de funcionarios y los limitados recursos, que hacen que el problema desborde la capacidad institucional.

Además, ha permitido detectar los puntos de alerta y realizar un balance de las acciones tomadas. Se espera que sirva para corregir errores, afianzar buenas prácticas, y adecuar las herramientas legales y los recursos humanos y logísticos necesarios para preservar nuestros bosques.