Las amenazas y crímenes contra las personas defensoras ambientales continúan en aumento en el país. Frente a esta problemática, estudiantes de derecho, autoridades, especialistas y líderes indígenas se reunieron en un webinar para brindar sus testimonios y propuestas enfocados en mejorar la efectividad del sistema judicial en estos casos.

“No es fácil llevar este cargo y ser madre de familia, pero de esta forma también incentivo a otras mujeres a que se involucren, aunque no es sencillo por las amenazas que recibimos como dirigentes. Pero si ahora no luchamos por nuestro medio ambiente, por nuestro territorio, qué va a ser del futuro de nuestra población”.

Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela, narró con estas palabras su experiencia como lideresa indígena kichwa. Lo hizo en el webinar “Defensores ambientales y acceso a la justicia ambiental”, coorganizado por el Proyecto Prevenir de USAID y la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico.

En el evento se reunieron estudiantes de derecho, autoridades, especialistas y líderes indígenas para intercambiar ideas y propuestas en torno a esta problemática: los peligros que enfrentan los líderes indígenas de la Amazonía por la defensa de sus territorios.

“En el Perú, los defensores de derechos humanos son víctimas de frecuentes amenazas y violaciones a sus derechos a la integridad, libertad personal e incluso a la vida”, aseguró Alex Fasanando, Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro.

Perú se ubica entre los 20 países con más asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo, de acuerdo a la organización Global Witness. Desde 2002 se han reportado más de 100 crímenes asociados con la protección del territorio y el ambiente. De hecho, la Amazonía es la región más peligrosa para los defensores frente a delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico ilícito de fauna silvestre.

En medio de un sistema penal, administrativo y constitucional aún con deficiencias se han registrado denuncias para visibilizar estos peligros; sin embargo, los procesos aún son lentos y dicha población tiene un escaso acceso a la justicia, por lo que siguen arriesgando tanto su integridad como la de sus familias y comunidades.

Incluso, según indicó Rubio, diversos líderes indígenas de la región Ucayali se han organizado para monitorear, con el uso de la tecnología, lo que sucede dentro de las áreas de sus comunidades, a fin de presentar esas pruebas a las autoridades como un registro que atenta contra sus vidas. Pero, pese a las evidencias gran parte de sus reclamos no son priorizados ni tampoco atendidos con celeridad.

Al respecto, Max Silva, representante de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), sumó una explicación: no es lo mismo que un citadino haga una denuncia, cuya convocatoria posiblemente alcance a todos los operadores del derecho, comparado con un dirigente de una zona alejada de la urbe, donde se hace más complejo operativizar las constataciones o diligencias correspondientes de parte del Ministerio Público y de las fuerzas militares y policiales.

Amicus curiae en procesos penales ambientales

¿Qué hacer para revertir esta falta de acceso a la justifica de los defensores ambientales? Heidi Camus, Danae Minaya y Aliosha Peralta, estudiantes que integran la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad Pacífico, realizaron una investigación para dar un panorama general acerca del tema, así como posibles alternativas para el cumplimiento de la justicia ambiental.

El estudio muestra la figura del amicus curiae o “amigos de la corte”, que busca que terceras personas con conocimiento técnico y experiencia legítima en materia de litigio ayuden en el proceso, informándole al juez para que emita una resolución que considere las diferentes perspectivas sobre el tema.

“Su importancia radica en que son vistos como un medio de participación pública, fortalecen el acceso a la justicia de todos los ciudadanos en temas ambientales y permite acercarse a un estado de justicia ambiental. Desde 2010, se ha incluido dentro de la regulación peruana. De modo que esta figura genera la posibilidad de incluir consideraciones de interculturalidad en los procesos penales ambientales”, explicó Camus en el referido webinar que el Proyecto Prevenir de USAID llevó a cabo como uno de los coorganizadores.

Adicionalmente, Max Silva expresó que el amicus curiae otorga una ilustración académica que debe ser valorada en procesos administrativos, penales y de carácter constitucional.  “Considero oportuno empezar a practicarlo en los casos que correspondan”, remarcó el representante de la ORAU.

Herramienta desde el Estado

Por otro lado, Ángel González, director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, comentó que desde el Estado se ha generado el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, con la participación de ocho ministerios y el trabajo conjunto con entidades regionales, el cual comprende medidas no solo a nivel de seguridad, con la presencia policial, sino también con la búsqueda de los problemas de fondo.

“(Este enfoque) deja de lado la sectorialidad y recurre a relaciones de coordinación y vinculación con otros actores del Estado, que en el marco de sus funciones y competencias pueden desarrollar acciones orientadas a reducir las situaciones de riesgo que afrontan las personas defensoras de derechos humanos”, destacó el representante del Ministerio de Justicia.

Max Silva recalcó que dicha iniciativa estatal ya se está aplicando. Se realizó, por ejemplo, una intervención multisectorial en Ucayali, la cual ha puesto en evidencia la complejidad del problema en la que se encuentran los defensores ambientales, ya que aún continúan sufriendo amenazas, detenciones ilegales y campañas de desprestigio. “Estos encuentros se realizan desde el Estado en trabajo conjunto con defensores indígenas, líderes de las comunidades y organizaciones indígenas”, precisó Silva.

Además, los líderes indígenas piden que se respete el Acuerdo de Escazú para lograr un esfuerzo conjunto con las autoridades, organizaciones civiles y proyectos como Prevenir de USAID, para cuidar y mantener la integridad de la Amazonía.

Este webinar es parte de un esfuerzo conjunto entre el Proyecto Prevenir de USAID y la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico (UP) para contribuir a la formulación de soluciones a la problemática en torno a las personas defensoras ambientales y los delitos ambientales.

Puedes ver el webinar aquí